LAS LEYES DE ISLAS VERDES Y DEL SUELO: EL CASO DE LA PALMA
El Cabildo de La Palma ha abierto el plazo de alegaciones para el denominado Instrumento de Planificación Singular Turística, en adelante (IPST) para la costa del municipio de Los Llanos de Aridane, concretamente al sector de Puerto Naos y Charco Verde. Dicho instrumento ha sido promovido por el ayuntamiento de este municipio del occidente palmero.
Desde el Cabildo Insular se defiente que este IPST viene avalado por las Leyes de Islas Verdes (Ley 14/2019, de 25 de abril, de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma) y del Suelo de Canarias (Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias). La ley de "islas verdes" recoge la figura del instrumento de planificación turística singular, lo que supone, de hecho, que determinadas unidades de actuación pueden ser consideradas estratégicas para la isla, desde luego de forma arbitraria, y ser implantadas independientemente de la planificación territorial vigente. Es decir, si un promotor o conjunto de promotores es capaz de convencer de su idea al Cabildo, más concretamente al grupo de gobierno del Cabildo, puede ver salir adelante su proyecto aunque no encaje en el planeamiento vigente. Todo ello bajo un claro "greenwashing", es decir, un lavado de cara que se vende como ecológico.
Del mismo modo, la ley del suelo de Canarias, incluye la figura de "proyectos de interés insular o autonómico" para "atender necesidades sobrevenidas o actuaciones urgentes". Pueden ejecutarse en cualquier tipo de suelo, con solo justificar que no existe alternativa viable. Desde luego pasa lo mismo que con la ley de islas verdes, si se quiere validar el proyecto se justifica y listo.
Esto da lugar a una inseguridad ambiental y social tremenda. Por intereses particulares se ve afectada la calidad de vida y el equilibrio territorial que afecta a toda la población.
El IPST mencionado supone la transformación de un tramo de costa de la isla de La Palma que mantiene un uso, efectivo, agrícola. El lavado de cara en este caso viene al incluirse en el proyecto el mantenimiento de algunas parcelas de cultivo entre las 2100 plazas turísticas planeadas. Las excusas son las de siempre. Con respecto a la creación de empleo, como ocurre sistemáticamente, veremos que porcentaje de los empleos creados los ocupan personas que viven en La Palma y que tipo de empleos ocuparán las personas palmeras. A esto se suma la erupción volcánica. Con ello se justifica todo, fomentar los sectores productivos con valor añadido parece que no interesa y apostar por un turismo realmente sostenible tampoco.
Otra cuestión es el proceso de participación ciudadana, abierto hasta el 9 de octubre. Diversos colectivos palmeros denuncian que no dispone de toda la documentación del proyecto por lo que las alegaciones no pueden sustanciarse de forma completa. Este proceso es del todo improductivo ya que se necesita un proceso de participación real en que se recojan, tras una información completa, las alegaciones individuales y colectivas.
En definitiva, se usan elementos de confusión y lavado de cara para promover un proyecto especulativo en el que se vende el suelo y luego se venderán las estancias aumentando la presión sobre la isla y sobre todo el archipiélago. Un límite se hace imprescindible.
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